La ONG Antígona organizó en la sede del Colegio de Magistrados de Necochea una serie de paneles debate donde expusieron 6 mujeres de diferentes ámbitos de la sociedades civil y política sobre la ampliación de la despenalización (legalización) de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y concretamente el proyecto de ley que se debatirá en Diputados el próximo miércoles 13 de Junio.
Expusieron primero la Antropóloga Lourdes Poujol y la Politóloga Gisela Barbieri. Luego la Trabajadora Social y Sec. de Desarrollo Humano del Municipio de Necochea Jimena López y la concejala del Frente Quilmeño Para la Victoria Eva Mieri. Finalizaron la Trabajadora Social y Sec. de Géneros y Diversidad de SUTEBA Cristina Echegoyen y la Decana de la Facultad de Derecho, la Dra. Laura Giosa. Cabe destacar que tanto Mieri como Giosa expusieron en la cámara de Diputados de la Nación defendiendo el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Entre los presentes se pudieron ver también miembros de la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito y militantes por los Derechos Humanos. También se encontraban la Sec. Gral. de SUTEBA Necochea, Ana Lidia Marincevic, los concejales de Unidad Ciudadana Andrea Cáceres e Ignacio “Nacho” Barrena y la concejala del Partido FE en Cambiemos Gabriela Góngora.
El proyecto de ley establece claramente que la práctica se incluirá dentro del Programa Médico Obligatorio y será abonada como cualquier otra abonada por Obras Sociales, Prepagas e Institutos Estatales Nacionales y Provinciales. Si bien puede haber una discusión razonable sobre la legalización o la despenalización, lo cierto que en nuestro país ya es despenalizado el aborto desde 1921 para casos determinados. Hoy se habla de legalización como sinónimo de ampliación de la despenalización. Está claro que la “despenalización” a secas no constituye una resolución al problema de salud pública que es el aborto, porque no garantiza la realización en efectores públicos para sectores sociales que no acceden a medicina privada.
El proyecto ya sufrió una modificación al original estableciendo los 16 años como edad mínima para poder realizar la práctica en cualquier establecimiento de salud, aunque incorpora a menores con autorización de mayor a cargo. Asimismo establece que el responsable máximo de cada establecimiento (Director/a Hospital, Director/a Atención Primaria) deben hacer cumplir la ley y garantizar la realización de la práctica.
