El joven periodista de El Destape, que reveló el escándalo de los aportantes truchos de las campañas bonaerenses de Cambiemos 2015 y 2017, ahora apunta sus cañones contra la autoproclamada “fiscal de la Républica”, Lilita Elisa Carrió.
Este domingo Amorín presentó pruebas de una oscura maniobra de sobresueldos llevada adelante dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el solo objetivo de financiar espuriamente la campaña de la diputada oficialista.
El 30 de marzo de 2017, a través de la resolución N°91, el Gobierno porteño decidió asignarle unidades retributivas, es decir, un complemento extrasalarial que se entrega en forma excepcional, a unos 22 empleados estatales que desempeñan funciones en distintas áreas.
Los montos de las unidades retributivas a entregar oscilaron entre los $10.000 y los $120.000. Pero apenas tres meses después, según la Cámara Nacional Electoral, la mitad de los que habían recibido la generosa suma por parte del gobierno porteño, tuvieron el solidario acto de donar el dinero a la campaña de Elisa Carrió. Todos el mismo día, el mismo monto y de la misma forma: $25.000 en efectivo, sumando así $300.000.
Así, el 10 de agosto de 2017, Valeria Lauría, Ayelén Doglioli, Elida Fernández, Martina Figueroa, Lucio Ferreira, Hernán Olivari, María Eugenia Colosa, Celeste Defelippo, Lucía Katz, Laura Zecca, María Magdalena Casañas Pitte y Paula Valero, decidieron hacer la misma contribución y al mismo tiempo: todos aquellos que recibieron unidades retributivas en marzo y aportaron luego figuran en forma consecutiva en la página 14 del listado presentado ante la Justicia Electoral, en una nueva y sugestiva casualidad.
Según pudo saber este medio, este lunes la organización no gubernamental La Alameda presentará una nueva demanda penal por lavado de activos en la campaña de Elisa Carrió que comandó el equipo del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En la denuncia, que se formalizará mañana en los tribunales de Comodoro Py, se ponen en duda los aportes realizados por unos 300 empleados y ex empleados porteños a las campañas PRO de 2015 y 2017, por un total de más de 8 millones de pesos.
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