Tiene seis condenas por robo de bebés, secuestros, torturas y desapariciones. Fue exonerado de la fuerza el año pasado y ahora apeló la medida para ser reincorporado. Los organismos de derechos humanos lo repudiaron y alertaron sobre el contexto que habilitó el pedido, ya rechazado por la provincia.
Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense en la dictadura y jefe de los 21 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia, pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal ser reincorporado a la policía. El genocida apeló su exoneración y envió un escrito a Vidal en el que incluso exigió que le dijeran “qué acciones” había realizado “para ser encuadrado en las supuestas faltas atribuidas”.
Etchecolatz tiene 89 años y está preso en la cárcel de Ezeiza. Fue condenado seis veces por secuestros, torturas, asesinatos y apropiaciones de bebés, y está procesado además en numerosas causas que no llegaron a juicio. Es el principal investigado por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. En 1986, en el segundo y último proceso antes de las leyes de impunidad, recibió 23 años de prisión en la Causa Camps. En 2004, mientras se reabrían las causas penales, recibió siete años de prisión por la apropiación ilegal de una hija de desaparecidos. Dos años después recibió su primera condena a reclusión perpetua, en el juicio en el que testimonió López. En 2012 recibió una segunda condena a perpetua tras el megajuicio Circuito Camps; en 2014 la tercera, por un doble homicidio en la causa “La Cacha”; y el año pasado una pena de 25 años de prisión por el secuestro y las torturas a una pareja desaparecida.
La nueva provocación del represor generó repudios generalizados. “Cree que sigue impune”, opinó Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, y dijo que “habrá que pensar quién lo está respaldando”. “Si no fuera tan repudiable, tan insólito, sería para reírse. Pero en este momento que estamos pasando por un país sin ningún Estado de derecho es una cosa más para ver en qué situación está la Argentina en derechos humanos”, cuestionó la referente de Madres de Plaza de Mayo. “¿Qué pretende este individuo genocida que tiene perpetua más perpetua? ¿Lo hace porque cree que puede lograrlo? El repudio es total por parte de todos los organismos”.
La presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, señaló que “la Justicia en nuestro país está funcionando tan mal que él aprovechó el momento para pedir esto”. La nieta recuperada Victoria Moyano marcó: “A pocos días de la despedida de Chicha Mariani reafirmamos que el único lugar para los genocidas es la cárcel común y efectiva”.
El ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, aseguró a través de las redes sociales que “la solicitud ya fue rechazada”. “En 2017 tomamos la decisión de exonerar a Miguel Etchecolatz. En el ministerio recibimos su solicitud y ya fue rechazada”.
El reclamo, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, surgió a partir de su apartamiento de la fuerza de seguridad, oficializado el año pasado, luego de que la administración bonaerense detectara que el represor seguía inscripto en la nómina de uniformados retirados, como si se hubiera jubilado. Es decir, a 34 años de que finalizara la dictadura, la mano derecha del coronel Ramón Camps e ícono del terrorismo de Estado todavía figuraba como miembro de la Bonaerense como “retirado activo voluntario”, figura que entre otras cosas le permitía mantener su arma reglamentaria y volver a la fuerza en cualquier momento. Recién fue exonerado el 8 de agosto de 2017.
A fines de diciembre del año pasado Etchecolatz consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria y pasó el verano en su casa del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata. Su arresto domiciliario derivó en escraches y repudios de organismos y de vecinos. Finalmente, en marzo la Cámara de Casación Penal revocó el arresto domiciliario y ordenó su retorno a la cárcel.
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