La Legislatura porteña aprobó una ley que sanciona a los choferes de estos ómnibus con inhibiciones para trabajar durante 5 años y multas que llegan a los 200 mil pesos.
La Legislatura porteña aprobó este jueves una reforma a las sanciones por infracciones de tránsito, incluida la revocación de la habilitación de micros escolares para que sean utilizados con el fin de transportar manifestantes a marchas populares.
El bloque oficialista impulsó esta medida así como también la de sacarle la licencia a los choferes de estos colectivos en infracción. La reforma sumará estas penas a las multas existentes por “transporte indebido”.
La nueva ley estipula que si detienen a un colectivo escolar cuando lleva manifestantes a una marcha, el conductor puede perder su permiso para trabajar con escuelas por un lapso de cinco años.
La norma que ahora caduca contemplaba multas de 150 a 1.500 Unidades Fijas (entre $2600 y $26000) por la infracción de “transporte indebido” además de una sanción económica para el chofer. Pero con la nueva ley, las penas pasarán a ser más duras con multas de hasta 200 mil pesos y retiros de licencia.
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