En pleno año electoral y luego de la asunción de Bolsonaro en Brasil, el Gobierno anunció la compra de las pistolas Taser, rechazadas por organismos de Derechos Humanos, y ahora buscaría un nuevo Régimen Penal Juvenil.
Así lo informó el ministro de Justicia, Germán Garavano, luego de la reunión en Casa Rosada encabezada por Marcos Peña ya que el presidente continúa de vacaciones. Enviarán el proyecto al Congreso para que sea discutido en febrero en sesiones extraordinarias.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno enviará al Congreso para ser discutido en la Cámara baja en febrero es una de las aspiraciones que Macri traía de hace tiempo pero recién ahora intentará concretar.
Una de las claves del proyecto es bajar la edad de imputabilidad a 15 años, según el texto, para “delitos graves”.
El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos podrán ser imputados por “delitos graves”. En tanto, entre los 16 y 17 años serán imputables por todos los delitos cuya pena máxima sea mayor a tres años de prisión e irá a cárcel por ser declarado o declarada culpable de cualquier delito que implique una pena igual o mayor a diez años.
Establece como pena máxima para chicos menores de 18 años, 15 años de prisión efectiva.
“Hoy un joven de 18 años que comete un delito, probablemente haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar” intentan justificar desde el Gobierno dejando en descubierto que lo único que pretenden es profundizar la criminalización sobre la juventud pobre y trabajadora.
En el 2017 una reunión convocada por el mismo Garavano para tratar el régimen de justicia penal para la juventud instó a no bajar la edad de imputabilidad “en Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de imputabilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva” dijo Florence Bauer, representante de Unicef Argentina presente en la reunión.
Resaltó que “la evidencia generada a partir de experiencias internacionales demuestra que la estrategia de disminuir la edad de imputabilidad no es una medida efectiva en el combate a la inseguridad” aunque prometen que cualquier chico imputado por un delito que prevé una pena máxima de diez años dispondrá de un equipo interdisciplinario que elabore un plan individual para acompañarlo en su “recuperación” y evitar supuestamente que avance en la carrera delictiva.
Bajar la edad de imputabilidad tiene por único objetivo disciplinar al sector de la población más vulnerable, la juventud que no tiene acceso a los derechos elementales como la salud, la educación y la vivienda.
Cuando a diario quedan al descubierto casos de corrupción policial, implicada en el gran delito, criminalizar a la juventud pobre es solo demagogia punitiva, para que nada cambie, porque son las fuerzas represivas, con la impunidad que le brindan jueces y funcionarios, los responsables de la inseguridad.
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