Cada una de las medidas para los jubilados incluidas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva mejora los ingresos de la inmensa mayoría. Bono extraordinario, suspensión de una mala fórmula de movilidad, definición de aumentos por decreto para mejora la equidad y recuperar el FGS-Anses. El Gobierno agregó la revisión de los regímenes especiales de judiciales y diplomáticos.
El sistema previsional fue desquiciado en cuatro años de gobierno de Macri. Sin precisar el desastre que dejó y sin indicar que la mayoría de los jubilados se convirtió en uno de los sectores sociales más castigados en ese período, el plan de reconstrucción del régimen de reparto y de solidaridad intergeneracional del gobierno de Alberto Fernández queda atrapado en confusiones deliberadas. Es lo que sucedió en estos días. Por eso resulta necesario explicar la herencia como la política de reconstrucción iniciada.
Existe una definición inicial que es política, que no puede ser señalada como sorpresiva porque fue enunciada en la campaña electoral: Fernández adelantó que su objetivo será poner dinero en el bolsillo de la población, especificando que quienes están en la peor situación relativa serán privilegiados. En base a esa concepción, que tuvo un respaldo contundente en las urnas, las medidas para instrumentarla necesariamente beneficiarán a unos (una mayoría) y relegarán a otros (una minoría).
Es la política opuesta a la del gobierno de Macri, que benefició a unos pocos. En 2016-2019, sólo el 20 por ciento de los jubilados ubicados en la parte superior de la pirámide de ingresos previsionales consiguió una mejora de un punto en su capacidad de compra; el 40 por ciento de la base perdió 18 puntos porcentuales y el 40 por ciento restante de 3 a 4 puntos.
Todo el esquema de redistribución de recursos jubilatorios dispuesto por Fernández, en cambio, concentra los beneficios en el amplio grupo de jubilados afectados por el macrismo, que está ubicado en la parte inferior de los ingresos.
No se puede alegar incoherencia a quienes hoy son oposición y a los medios y analistas conservadores: sus críticas a la ley apuntan a seguir defendiendo a grupos sociales privilegiados en términos relativos.
Las claves
El plan de Fernández para la recuperación del sistema previsional es el siguiente:
* Entregar un bono de emergencia de 5000 pesos en diciembre y otro de igual suma en enero para las jubilaciones mínimas (14.068 pesos), monto que se escalonará para el resto de los haberes hasta alcanzar los 19.068 pesos mensuales.
* Subir más los ingresos de la gran mayoría de los jubilados (70 por ciento). En términos relativos implica un alza menor –no es congelamiento- en los haberes para los que se encuentran arriba de la pirámide previsional (30 por ciento).
* Modificar la movilidad jubilatoria del macrismo, que fue un asalto a los ingresos de los jubilados.
* Suspender por 180 días esa fórmula, convocar a una comisión para proponer una alternativa y, si no se define una nueva, reestablecer la actual.
* En ese período, los aumentos trimestrales serán por decreto con el criterio de favorecer al 70 por ciento del total de los jubilados respecto al 30 por ciento restante.
* La concepción política e ideológica es transparente: disminuir la brecha de haberes (achatar la pirámide previsional) para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, de ese modo, a través de pagos de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral.
* A favor de esa idea se argumenta que hoy del 30 al 40 por ciento de los recursos de la Anses provienen de impuestos, no de aportes. Esa recaudación tributaria es fundamentalmente de impuestos indirectos, que alcanzan en mayor medida a quienes se ubican en la base de la pirámide de ingresos. Entonces éstos deberían ser privilegiados porque hacen un aporte proporcional mayor. Se sabe que el sistema previsional hace muchas décadas ha dejado de ser sólo contributivo.
* Poner bajo estudio los regímenes especiales.
* Recuperar el FGS-Anses, fondo que el macrismo hiperdevaluó.
Otro par de iniciativas para mejorar el ingreso de los jubilados en forma indirecta es la rebaja del 8 por ciento en los medicamentos y el congelamiento por 180 días de las tarifas. Esta última medida impacta relativamente más en hogares pobres y de jubilados, que destinan mayor porcentaje de sus gastos a este rubro, que sigue siendo así, aun después de la tarifa social, implementada en 2016. Eso lo informó el sociólogo Daniel Schteingart en su cuenta de Twitter, en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2017-2018 del Indec.
La guerra del cerdo
Año a año, durante el gobierno de Macri, la inmensa mayoría de jubilados fue disminuyendo ingresos en términos reales. Se les recortaron beneficios y derechos. Sus haberes y la cobertura de salud se fueron deteriorando a una velocidad impactante. La denominada Reparación Histórica fue un fiasco, con un porcentaje promedio de aumentos muy por debajo de lo calculado inicialmente, beneficiando además a los ubicados en las escalas media y superior de ingresos e incrementando la cantidad de juicios por reajustes previsionales. Las prestaciones del PAMI y la cobertura de medicamentos fueron recortadas.
El apaleo macrista a los jubilados fue persistente. Creó un nuevo haber mínimo para trabajadores que no completaron los años de aporte por culpa de las empresas. Economistas del establishment lograron instalar en el sentido común que es una “injusticia” que trabajadores reciban una jubilación por moratoria sin 30 años de aportes, cuando la injusticia la padeció ese mismo trabajador por el fraude de la empresa que lo contrató o por políticas económicas regresivas que lo lanzaron al territorio de la desocupación.
Esa nueva jubilación fue la Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. Quien la recibió tuvo un doble castigo: como se mencionó, la mayoría de ese universo poblacional fue contratado en el mercado informal, en empresas que no hicieron los aportes previsionales correspondientes y, al momento de la jubilación, el Estado macrista lo condenó a un haber menor.
Esta discriminación vino a dar respuesta al cuestionamiento conservador de la ampliación de la cobertura previsional con las moratorias kirchneristas, que sumaron 3,3 millones de jubilados. En estos años hubo una campaña, a la que se sumó públicamente el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, que proponía eliminar esas jubilaciones.
Ese mensaje se ha filtrado hasta en los propios sectores vulnerados, postulando que quienes son titulares de derechos, como la Asignación Universal por Hijo o la jubilación mínima obtenida en un plan de moratoria, no deberían ser merecedores de esos beneficios porque “no se esforzaron”. No son consideradas víctimas de una organización económica que los excluyó.
Es una línea de pensamiento que fue gobierno hasta el 10 de diciembre pasado basada en los conceptos “meritocracia” y “esfuerzo individual”. Lo que ha cambiado es que la fuerza política que tuvo un triunfo contundente en primera vuelta en las urnas postula, en cambio, la “solidaridad” y la “construcción colectiva”.
La oposición al paquete de medidas proviene precisamente de voceros de grupos que promueven el tipo de sociedad que hoy no es mayoría electoral.
PAMI
La crueldad del macrismo y sus satélites en redes y en medios con los jubilados fue impactante. El Centro de Economía Política Argentina, el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria concluyeron en un reciente informe que en los últimos cuatro años se ha producido “una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores”.
Los datos son contundentes. La jubilación mínima hoy es de 14.068 pesos, lo que implica un aumento de 227 por ciento entre septiembre de 2015 (fue la última corrección de la administración CFK cuando la subió a 4299 pesos) y este diciembre. La inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó el 457 por ciento, y con la cobertura del PAMI el aumento fue de 297 por ciento.
El cuadro es más dramático porque ese porcentaje es promedio, pero medicamentos esenciales para adultos mayores, como el Sintrom (recetado para enfermos cardiovasculares), registraron subas impresionantes de 1248 por ciento y, con cobertura de PAMI, de 475 por ciento.
El cuadro es más angustiante para la mayoría de los jubilados porque el PAMI macrista dejó de entregar medicación crónica gratuita a 2 millones de afiliados, al establecer una serie de requisitos para acceder a ella que la hacía muy restrictiva. Esa decisión derivó en que las personas mayores dejaran de consumir su medicación o lo hicieran de manera limitada porque les resultaba muy difícil comprarlas con su presupuesto.
El paquete de medidas de Fernández incluye, además de sumar recursos fiscales y redistribuirlos para atender a grupos sociales en emergencia, que el PAMI vuelva a brindar cobertura plena para medicación crónica.
El informe revela no sólo los fulminantes aumentos de medicamentos y la menor cobertura del PAMI en ese rubro, sino que también apunta a la tardanza en turnos médicos o estudios complementarios, que impulsó a varios a acudir a la medicina privada asumiendo un costo adicional, y a la falta de entrega de bastones y sillas de ruedas.
La movilidad
El experto en temas previsionales Miguel Fernández Pastor ilustra que durante el macrismo no hubo medidas que hayan beneficiados a jubilados y pensionados. La fórmula de movilidad fue un asalto a los ingresos de los jubilados, por los componentes definidos para el cálculo, por aplicarla en forma retroactiva respecto de un período ya cumplido casi en su totalidad con la mejor anterior fórmula (julio-diciembre 2017) y porque se empezaron a actualizar los montos por la inflación trimestral con un rezago de seis meses.
Fernández Pastor lo dice en forma sencilla: con la fórmula de Macri los jubilados perdieron; con la del kirchnerismo ganaron fuertemente; y con la propuesta de Fernández “va a haber una mejora sustancial en los que menos tienen, y lo que estamos un poquito mejor, tendremos que esperar para también tener satisfacciones. Acá nadie perdió ningún derecho”.
Respecto de la suspensión de la movilidad hasta marzo, aún no hay datos de cómo se van a calcular las jubilaciones y sólo existe mucha especulación. El próximo aumento debería ser del 11 por ciento en marzo, pero las mejoras serán por decreto hasta que se establezca una nueva fórmula.
Desfinanciar la Anses
El macrismo no sólo afectó los ingresos inmediatos de los jubilados, sino que desfinanció el sistema. Las cuentas previsionales estaban bajo tensión en 2015 como están en cualquier otra economía donde la relación trabajador activo/jubilado es constante o disminuye, al tiempo que aumenta la expectativa de vida.
La clave para atender esta situación es encontrar un sendero para garantizar la sustentabilidad con criterios de equidad. Ese fue el camino elegido hasta el 2015 cuando se amplió la cobertura, mejoró la tasa de sustitución y el haber mensual.
Ese esquema virtuoso fue el siguiente: la fórmula de movilidad del 2009, el impulso a la demanda interna para crear empleos formales –que derivaba en más aportes a la seguridad social-, la estrategia del FGS-Anses de financiar al sector productivo con generación de empleo registrado –que también implicaba más aportes al sistema- y más recursos tributarios derivados al régimen previsional.
Este círculo virtuoso fue interrumpido por el gobierno de Macri . Lo que hizo fue desfinanciar a la Anses: pérdida de recursos por la sentencia de la Corte que prohibió al Estado continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable entre las provincias; la denominada Reparación Histórica disminuyó el impuesto a los Bienes Personales, recursos que en parte se giraban a la Anses; y, fundamentalmente, una economía que dejó de generar empleo registrado en términos netos; más bien lo destruyó en cantidad (el último registro marca 224.000 en 46 meses de gobierno de Cambiemos), que implicó caída de aportes al sistema.
La política de desfinanciamiento de la Anses arrojó al sistema a una crisis para, de ese modo, justificar la privatización parcial de las jubilaciones. Esta habría sido la instancia de debate previsional si Macri hubiera conseguido la reelección; no la de la recomposición real de los haberes de la mayoría de las jubilaciones.
FGS
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses es el reaseguro del sistema jubilatorio estatal, de reparto y de solidaridad intergeneracional. Nació de la eliminación del espectacular negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores. En cuatro años, la economía macrista hiperdevaluó los activos del FGS y modificó sus funciones descapitalizándolo.
En diciembre de 2015 había un activo financiero estatal sólido y de acumulación de capital constante que era el FGS-Anses.
La economía macrista lo recibió con un monto equivalente a unos 67 mil millones de dólares . Sin información oficial, porque el anterior gobierno no dejó cuenta de ese inventario, con estimaciones de la evolución de acciones y bonos, el FGS tendría hoy un capital de 22 a 27 mil millones de dólares. Esa diferencia de unos 30 mil millones de dólares es la destrucción que hizo el macrismo de la caja principal de garantía de las jubilaciones.
Más a menos y menos a más
La extensa descripción de la devastación previsional del gobierno de Macri es imprescindible para evitar la complicidad con esa política planificada de debilitamiento del sistema jubilatorio. A partir de esa base se puede empezar a abordar el plan previsional de Alberto Fernández.
En la actualidad, la Anses abona unos 6.900.000 beneficios contributivos en sus distintos regímenes, que se eleva a 8,5 millones con otras prestaciones (pensiones específicas). Del total de jubilaciones, unas 4.400.000 personas están en la mínima (64 por ciento), 2.100.000 perciben un haber medio de 27 mil pesos y cerca de 300.000 perciben la máxima y por encima de ese techo.
En esta última categoría se encuentran los jubilados del Poder Judicial (5410 beneficiarios) que cobran un haber medio de unos 245.000 pesos, y que serán objeto de debate parlamentario con el inminente proyecto que enviará el Gobierno.
Esta distribución de los beneficios no guarda correlación con el reparto de los recursos. Mientras que los perceptores de la jubilación máxima y superiores representan el 5 por ciento del total, reciben más del 20 por ciento de los recursos. No es una distribución que se encuentra en línea con criterios de solidaridad y equidad.
El gobierno de Fernández evalúa que, en una situación de emergencia, tiene que fortalecer el carácter solidario y redistributivo, tratando de mejorar el reparto de los recursos hacia los más postergados. El bono adicional para los haberes de diciembre y de enero por 5000 pesos en cada uno de esos meses será para quienes cobran la mínima y alcanzará también a aquellos que perciban un monto por encima de ese umbral hasta alcanzar los 19.068 pesos (por ejemplo, el jubilado que cobra 16 mil pesos recibirá un bono de 3068 pesos, y así todos los ubicados en el rango de 14.068 a 19.068 pesos). De acuerdo a registros de la Anses, estarán alcanzados casi 5 millones de jubilados (72 por ciento del total).
La suspensión de la fórmula de movilidad será por seis meses, lo que no implica que no habrá aumentos trimestrales, sólo que serán por decreto y orientados a mejorar más a los jubilados de la base de la pirámide de ingresos. No habrá congelamientos de jubilaciones. Todos los beneficiarios de todos los regímenes recibirán aumentos cada tres meses. Otro aspecto poco mencionado en este debate es que, si no se logra consenso para modificar por ley la movilidad, la actual suspendida recuperará su vigencia.
Durante esos seis meses se integrará una comisión con miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso para definir un proyecto de ley (no se establecerá por decreto) con la nueva fórmula de movilidad. Uno de los funcionarios encargados de esa tarea definió que el objetivo “es contar con un régimen realmente solidario y redistributivo y que contemple las situaciones que en la emergencia no hayan podido ser totalmente atendidas”.
Fuente: Alfredo Zaiat para Página/12
