El aumento de los sueldos, que se oficializó ayer, igualaría la suba de precios entre enero y abril, que los economistas estiman en torno del 15%. El impacto se sentirá en los ingresos más bajos, aunque no recupera el poder adquisitivo perdido. Prevén que se inyectarán $ 20 mil millones al consumo.
El gobierno, finalmente, publicó ayer el decreto que otorga un incremento salarial que llegará a $ 4000 para todos los trabajadores bajo convenio del sector privado.
La suba será de $ 3000 en el sueldo de enero a los que se sumarán otros $ 1000 a partir de febrero. El incremento, que quedará señalado en los recibos de sueldo con la denominación “incremento solidario”, será remunerativo y, por lo tanto, estará sujeto a descuentos pero no impactará en los adicionales de cada convenio. De ese modo, de bolsillo y en febrero, los trabajadores percibirán 3240 pesos.
La facultad para imponer ese incremento emana del artículo 58 de la Ley de Solidaridad sancionada por el Congreso nacional el 22 de diciembre que, además, confiere la potestad de eximir del pago de contribuciones patronales asociadas a esos incrementos.
El anuncio se esperaba para la semana de Navidad, pero negociaciones finales postergaron la elaboración y firma del decreto. Versiones que habían trascendido indicaban que el incremento sería de entre $ 6000 y $ 9000 a pagar en tres veces entre enero y marzo, y que luego debía ser renovado. Siguiendo la misma lógica, el aumento otorgado ahora acumulará hasta $ 11 mil en esos tres meses y los $ 4000 quedarán en el salario en forma definitiva.
Este incremento representa un 10% para la mediana del salario privado registrado de octubre pasado, que se situó en $ 39.893. Con todo, durante ese mes, los asalariados del sector privado se beneficiaron con un bono por única vez de $ 5000 que se computa en ese monto. Si se descontara ese bono por única vez, el aumento sobre la mediana llegará a un 11%. En estadística, la mediana es el punto medio de una muestra; se la usa porque, a diferencia del promedio, los valores extremos pierden influencia.
El mismo viernes se conocieron las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central sobre 40 consultoras especializadas que arrojaron un pronóstico inflacionario para 2020 del 42,2 por ciento.
Según el informe, entre lo que ocurrió en noviembre y diciembre y lo que creen que pasará hasta marzo, la inflación en ese período de cinco meses acumulará un 20,26% mientras que, para el tramo que va de enero a abril, la suba de precios será de un 14,3%. Así las cosas, el incremento logrará empatar, en promedio, a la suba de precios esperada para el primer cuatrimestre, que es cuando arrancan la mayoría de las paritarias de este año. Pero no cubrirá lo perdido en 2019 y años anteriores.
Según un estudio del Observatorio del Derecho Social (ODS) de la CTA Autónoma, en los cuatro años de gobierno de Cambiemos, el salario real privado cayó un 16,7% y el público un 21,1%. Sin embargo, el retroceso fue muy dispar. Mientras el gremio textil perdió un 38,7% y el de prensa un 35,9%, los aceiteros quedaron prácticamente empatados con la inflación y el gremio del neumático mejoró sus ingresos un 10 por ciento.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó en la conferencia de prensa del viernes pasado que el decreto “es la primera expresión de la ley de emergencia” y que, en rigor, el objetivo de la medida es el de “subir aquellos salarios en las negociaciones paritarias no habían logrado un nivel de recuperación adecuado. Apuntamos a los sectores más bajos”.
Para Moroni, la medida apunta a garantizar “un piso para que las negociaciones colectivas puedan trabajar de manera más pacífica” y, aclaró que “no estamos intentando suplir las paritarias sino fijar un piso para los sectores más postergados”.
El ministro aseguró que “hay un dato más que interesante: 1,3 millones de trabajadores, que representan el 20% de los que están bajo convenio, lograrán recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en 2019. En las categorías más bajas termina siendo un incremento real de entre el 7 y el 20%. En diez de los 25 convenios colectivos la suma fija permite recuperar todo el poder adquisitivo para los salarios básicos”. Además, estimó que se inyectarán al consumo unos $ 20 mil millones.
Según datos proporcionados a Tiempo por el ODS, que indagan en el salario inicial a enero de 2020 de diferentes convenios representativos entre los más bajos, el aumento de $ 4000 impactará en un rango que va desde un 11,7% para un administrativo de Comercio que percibe $ 34.149, hasta un 21% para la categoría inicial del convenio textil que percibe $ 18.290 en bruto. Para un ayudante de la UOCRA, el incremento será de un 14%, al igual que para un cadete del gremio de la Sanidad que conduce Héctor Daer, titular de la CGT. Para un ingresante en UOM, el impacto será de un 16 por ciento.
Para el caso de los empleados públicos nacionales, que por el momento no percibirán incremento alguno –aunque Moroni prometió un decreto del mismo tenor para “los primeros días de la semana entrante”–, los $ 4000 pesos implicarían una suba del 20,6% para la categoría F, que si bien es la de menor salario, no es representativa porque en los hechos la inicial es la D0, en la cual el impacto sería del 15,5 por ciento.
La suma, con todo, será a cuenta de futuros aumentos q ue pudieran acordarse en el marco de las paritarias relativas al período 2020.
El texto señala que el aumento “deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias”. Se desprende que el pago no debería comprometer los pagos de cuotas ya acordadas y correspondientes a los acuerdos relativos al período 2019. Moroni confirmó que, para esos casos, el aumento “no se superpone y por eso no se compensa”. En esa situación se encuentran varios gremios que firmaron paritarias entre los meses de marzo y junio de 2019 y que tienen estipuladas cuotas en los próximos meses.
Sin embargo, al no explicitar el ejercicio al que se refiere en las “futuras negociaciones paritarias”, sí podría comprometer las cláusulas de revisión pautadas para el ejercicio de 2019 aunque no así los contados acuerdos que contengan cláusulas gatillo de actualización automática según inflación.
En la primera situación se encuentran los sindicatos de Camioneros, Comercio, Construcción, Sanidad, Prensa y Metalúrgicos que, entre todos, incluyen a más de un tercio de los trabajadores privados bajo convenio que, según datos oficiales, suman poco más de 6 millones.
Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, mostró su beneplácito con el decreto: “Es una medida acertada que va a impactar principalmente en los salarios de menor nivel que han tenido que posponer sus ambiciones paritarias en pos de la defensa de los puestos de trabajo”, dijo.
El dirigente recordó que “se cumplió el axioma de Alfonso Prat Gay, que dijo que los sindicatos iban a tener que decidir entre el empleo y los salarios. Esta medida va a impulsar y nivelar la dispersión que existe”. Además, destacó que “es importante que sea a cuenta de paritarias, que es una herramienta para incorporar esto en otras paritarias”.
Desde el espacio de la CTA Autónoma y Unidad Popular –hoy referenciado en el gobierno–, el economista Claudio Lozano señaló que “la suma fija implica una recuperación promedio de entre el 12 y un 15%, de entre un 6 y un 8% para los salarios registrados, y de un 21% para los no registrados”. Lozano calculó que la caída promedio del salario es del 23,6%; para los registrados, del 17%; del 21,4% para el sector público; y del 34,9% para los no registrados, durante el gobierno de Cambiemos.
Sin embargo, aclaró, “eso vale para los nominales hoy. En términos reales hay que ver cómo evolucionan los precios”. Por eso, el exdiputado destacó que se trata de “un primer signo de mejora del poder adquisitivo con cierto impacto en el consumo”.
Con todo, continuó, “estamos frente a una política muy módica en materia de ingresos, que ya se vio con las jubilaciones y las asignaciones familiares, y tiene más que ver más con una estrategia de contención que con dinamizar el consumo por esta vía. Muestra dos preocupaciones que están presentes en el gobierno: por un lado dar señales de pago a los acreedores que tiene como punto de partida el control de las cuentas públicas y por eso no hay aumentos a estatales ni jubilados, sino bonos. Y, luego, una preocupación inflacionaria que explica que haya una suma fija de esta naturaleza y no un intento más agresivo”. «
En Provincia y municipios
El incremento salarial a cuenta de paritarias decidido por decreto por el gobierno podría no llegar a aplicarse en una cantidad de provincias y municipios. El caso extremo es Chubut, donde el gobierno de Mariano Arcioni adelantó que aun no tiene fecha para el pago del aguinaldo de diciembre. Por ello, los trabajadores del Estado se movilizarán mañana en Rawson.
En tanto, los gobiernos de Mendoza y San Juan aseguran que el decreto no corre allí porque están vigentes sendos convenios con cláusulas gatillo.
En las demás provincias aguardarán a la salida del decreto para los estatales nacionales.
Fuente: Tiempo Argentino
