El fiscal Guillermo Marijuán ordenó a la Policía Federal Argentina realizar tareas de inteligencia entre 2015 y 2016 en las sedes del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sin orden de un juez, lo que viola la Ley de Educación Superior. Estudiantes de la UBA presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad contra el fiscal, quien ya había sido duramente criticado por la comunidad académica nacional cuando hace dos años denunció a casi todas las universidades públicas del país por supuesta malversación de fondos- Las tareas de inteligencia fueron realizadas por agentes de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía, entre noviembre de 2015 y abril de 2016, en ocho de las sedes del CBC, en el marco de una causa presentada en 2015 por el abogado radical Ricardo Monner Sans contra los copresidentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) Julián Asiner y Adrián Lutvak, y el ex titular de la Inspección General de Justicia, Diego Martín Cormick, por administración fraudulenta en la conducción de la organización. Inicialmente, Marijuán ordenó que las tareas se realizarán por 15 días, pero fueron prorrogadas y se extendieron hasta el 7 de abril de 2016. Los agentes debían observar las actividades que se realizaban en los locales que usa la FUBA e identificar a las personas que estuvieran a cargo. En los reportes policiales pueden verse, además de fotografías de los locales y lugares aledaños, otros datos que no se vinculan con la causa, como por ejemplo fotocopias de folletería de volantes de la agrupación La Cámpora y fotos de las mesas de distintas agrupaciones estudiantiles. Según indica el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, la fuerza pública no puede ingresar en las universidades nacionales salvo que cuente con orden escrita previa y fundada de un juez o solicitud expresa de la autoridad académica. La denuncia contra Marijuán fue presentada por dirigentes estudiantiles, representados por Elizabeth Gómez Alcorta. “Como abogada de derechos humanos y docente de la UBA, no puedo dejar de alarmarme por la medida ilegal de Marijuán, que nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia reciente. Si el fiscal actuó de esta manera por desconocimiento de la Ley de Educación Superior, con más de 20 años de vigencia, indica que no estaría en condiciones de mantenerse en su cargo. Y si la conocía y, de modo voluntario y decidido, llevó a cabo esas tareas sin la orden judicial, indica aún más la arbitrariedad y la ilegalidad de su accionar en la causa”, afirmó la abogada, que también lleva adelante la defensa de Lutvak. “No recuerdo un caso similar en los últimos 30 años”, detalló Gómez Alcorta, una de las abogadas que representa a la dirigente Milagro Sala. “Lo que sí viene siendo evidente es cómo ha aumentado el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades en el último tiempo, pero siempre en casos en los que el ingreso responde a una decisión de la policía, que se zarpa. Nunca por orden deliberada de un fiscal para realizar inteligencia”, agregó.
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