Tras el debate del aborto legal, seguro y gratuito surgió el de la separación de la Iglesia y el Estado. En los meses que duraron las audiencias y el tratamiento legislativo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al compás de la multiplicación de los pañuelos verdes, fueron surgiendo los naranjas y negros de la Campaña Federal por la Separación Iglesia/Estado y la Campaña Nacional Por un Estado Laico, respectivamente.
Según releva ámbito.com, hubo varias jornadas de apostasías colectivas y hace 15 días, la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), entregó al Episcopado más de 4000 cartas de ciudadanos que no quieren pertenecer más a la Iglesia Católica.
Todo este movimiento social fue acompañado en el Congreso de la Nación con la presentación por parte de los legisladores de más de nueve proyectos que a través de diferentes ángulos buscan reafirmar la condición de Estado laico de la República Argentina y finalizar con el sostenimiento financiero a la Iglesia Católica. Hoy comenzarán a tratarse con audiencias públicas.
Este jueves a las 14 en la Sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados tendrá lugar el puntapié inicial con una audiencia pública, en la que participarán distintas personalidades como Nora Cortiñas, la APDH, legisladores del FpV, Movimiento Evita, UCR, Frente de Izquierda y otros bloques.
El debate por el financiamiento económico a la Iglesia Católica salió a la luz el 14 de marzo pasado a raíz de una pregunta que la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, le formuló al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su primer informe anual ante la Cámara baja. Allí, el ministro coordinador admitió que el presupuesto 2018 para pagos a sueldos de obispos y otros cargos eclesiásticos ascendía a $130.421.300 y que un obispo percibía hasta $46.800 mensuales.
El artículo 2 de la Constitución Nacional establece desde 1853 que el “Gobierno federal sostiene el culto católico”. A través de los años este sostenimiento estuvo dado por exenciones impositivas y aportes a instituciones educativas. Durante la última dictadura militar se sancionaron cinco decretos-leyes que instauraron contribuciones especiales destinadas sobre todo al pago de salarios a obispos y auxiliares, jubilaciones vitalicias, viajes al exterior y a las provincias, becas de seminaristas y subsidios a párrocos de frontera.
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