Carlos Rosenkrantz será a partir del 1° de octubre próximo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resultó elegido en la elección de autoridades realizada el martes en el salón de acuerdos del tribunal y Ricardo Lorenzetti dejará la Presidencia luego de 11 años consecutivos de mandato. Datos para saber quién es la nueva cabeza del máximo tribunal del país.
La trayectoria de Rosenkrantz, nombrado en 2016 por el presidente, Mauricio Macri, tiene vínculos con uno de los dos partidos históricos de la Argentina: la Unión Cívica Radical (UCR). Pero también acumula una destacada trayectoria académica y muchos años ejerciendo la abogacía. El de juez de la Corte Suprema fue el primer cargo que ocupó en la Justicia, al igual que ocurrió con Lorenzetti en 2004.
Rosenkrantz dio sus primeros pasos durante la Presidencia de Raúl Alfonsín, como asesor de Carlos Nino, quien tenía a cargo el Consejo para la Consolidación de la Democracia, dependiente de la Presidencia de la Nación. Una década más tarde, fue asesor de Alfonsín en la Convención para la Reforma Constitucional de 1994. También fue asesor en la Convención Constituyente que sancionó en 1996 la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en octubre de 1958 y es el más joven de los actuales miembros de la Corte. Fue a la escuela pública y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1983. Entre 1987 y 1989 hizo un máster y un doctorado en Derecho en la Universidad de Yale. Es profesor titular de Teoría General y Filosofía del Derecho en la UBA y fue docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en al menos cinco universidades del extranjero. Hasta su nombramiento en la Corte se desempeñaba como rector de la Universidad de San Andrés (UDESA).
En 1992 fundó un estudio jurídico junto con su ex socio, el abogado Gabriel Bouzat, quien también integró los equipos de Nino durante la Presidencia de Alfonsín. Al igual que Bouzat, Rosenkrantz es especialista en Defensa de la Competencia, por lo que fue letrado de cientos de empresas, entre otras, del Grupo Clarín y de Farmacity y Pegasus, las dos últimas vinculadas hasta hace algunas semanas al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
Farmacity tiene actualmente una causa en la Corte para que se declara inconstitucional la ley provincial que le impide operar en la Provincia de Buenos Aires. Rosenkrantz se excusó y no interviene en este expediente. Su ex socio, Bouzat, ejerce la defensa de la empresa en la causa.
Además de representar a numerosas empresas, su ex estudio patrocinó a gobiernos provinciales. A fines de 2015, pocas semanas antes de ser propuesto por Macri, la Corte falló en contra de la quita que la ANSES hacía del 15% de impuestos coparticipables de tres provincias, entre ellas Santa Fe. Esta provincia fue defendida ante el máximo tribunal por el estudio de Rosenkrantz y Bouzat.
Al igual que Horacio Rosatti, Rosenkrantz fue nombrado inicialmente en comisión, es decir, que fue designado por decreto por el presidente Macri salteando los pasos que establece la Constitución. Ante las críticas que originó este decreto, Rosenkrantz y Rosatti no asumieron y esperaron a obtener acuerdo del Senado, que lograron a mediados de 2016.
Tiene dos hijos y está casado con Agustina Cavanagh, quien dirigía la fundación Cimientos, una organización vinculada con la educación. En su declaración jurada de 2015 reportó un patrimonio de $ 11,3 millones y mencionó haber formado parte de 14 sociedades en los últimos ocho años. Fue, además, fundador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de la Asociación de Defensa de la Competencia y miembro de la Asociación de Derecho Comparado.
Su candidatura a la Corte recibió 13 impugnaciones, algunas compartidas con Rosatti. Apuntaron al modo de designación en comisión y a posiciones jurídicas del candidato, como por ejemplo una interpretación más restrictiva del derecho a la protesta y a los cortes en la vía pública. En la audiencia ante el Senado, Rosenkrantz se manifestó a favor de que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias.
Como juez de la Corte, Rosenkrantz votó a favor de la aplicación del cómputo del “2×1” para los condenados por crímenes de lesa humanidad; avaló los aumentos de las tarifas eléctricas en la Provincia de Buenos Aires y votó, en disidencia, en contra del límite de 75 años para los jueces que establece la Constitución. También conformó la mayoría que negó el derecho a sindicalizarse de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y anuló la personería gremial de los Metrodelegados.
Votó, además, con la mayoría que resolvió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no puede revocar fallos de la Corte Suprema argentina. En el fallo que confirmó la prisión preventiva de Milagro Sala y ordenó su arresto domiciliario (a pedido de la Corte IDH), Rosenkrantz sostuvo que eran los tribunales provinciales los que debían decidir sobre el pedido del tribunal internacional.
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