Al mismo tiempo de la asunción de Rosenkrantz, el impulsor del 2×1, como titular de la Corte, el órgano de la OEA mantendrá un encuentro privado con dos ONG que defienden la dictadura y piden liberar represores. Organismos de DDHH denunciaron presiones de la gestión Cambiemos para que se habilite la cita, de la que incluso participará un funcionario.
El mismo día que la conducción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) pasó de las manos de Ricardo Lorenzetti a las de Carlos Rosenkrantz, el creador del polémico fallo del 2×1 para beneficiar represores, se confirmó que la Comisión Intereamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que cambiar de rumbo respecto de su posicionamiento histórico y recibirá en una reunión privada a dos ONG´s que defienden la última dictadura y exigen la liberación de genocidas, acompañadas por un representante del gobierno nacional.
Lo más grave del asunto es que organismos de Derechos Humanos y abogados querellantes en causas de lesa humanidad denunciaron que la administración de Mauricio Macri presionó fuerte para que el órgano de la OEA en materia de DDHH acepte este encuentro, que las ONG´s vienen pidiendo desde hace 15 años sin haber encontrado respuestas favorables hasta el momento. De hecho, estos entes pro-genocidas, como publicó El Destape en una nota de Ari Lijalad, informaron que serán acompañados a la cita por un funcionario del Ejecutivo.
Las dos entidades defensoras de la dictadura que se reunirán con la CIDH son la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la asociación Puentes para la Legalidad.
Desde el Equipo Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud afirmó que “si bien esta reunión no implica un posicionamiento de la CIDH ni significa que vayan a resolver algo sobre el tema”, lamentan que “hayan otorgado esta reunión cediendo a la presión del Estado argentino”.
En el mismo sentido se manifestó Elizabeth Gómez Alcorta, del colectivo Mario Bosch, que nuclea abogados y abogadas querellantes en causas de lesa humanidad: “Cuando tuvimos una reunión con la CIDH en 2017, nos hicieron saber que hacia años que venían pidiendo audiencias los familiares o representantes de genocidas”.
“Es grave que se les de una audiencia privada, a pesar de que eso no implica ningún trámite formal ni se da en el marco de las audiencias públicas, a quienes han violado y vulnerado y violado todos los derechos de cientos de miles de personas y que buscan ampararse ahora en el sistema interamericano para lograr impunidad en el marco del proceso de juicios de lesa humanidad”, sostuvo Gómez Alcorta.
No obstante lo cuestionable del hecho en sí, la letrada destacó que “lo más grave de todo es la presencia de algún representante del Estado Argentino en una audiencia privada”. Y explicó: “La audiencia privada es con las partes. Por lo tanto, ¿en representación de quién va el Estado Argentino? Y en realidad es casi una pregunta retórica porque va en representación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad”.
Desde la agrupación H.I.J.O.S. Capital, por su parte, remarcaron que las presiones de los defensores de genocidas, a diferencia de anteriormente, “ahora tienen un acompañamiento del Gobierno y eso no puede desconocerse a la hora de evaluar la reunión”.
Al conocerse la realización de esta reunión con la CIDH, el presidente de Abogados por la Justicia y Concordia, Alberto Solanet, hizo declaraciones al diario La Prensa que también dejan en claro que el cambio central tiene que ver con la llegada del macrismo a la gestión nacional: “Desde el gobierno de Néstor Kirchner se ha impuesto la llamada política de derechos humanos como ‘política de Estado’, en palabras del ex presidente de la Corte Suprema, que demolió el derecho y dio comienzo a una feroz persecución penal contra quienes defendieron al estado contra la invasión terrorista durante la guerra que padecimos en los años 70”.
La reunión será en Boulder, Colorado. Según informó Solanet, irá junto a los abogados Maria Laura Olea y Ricardo Saint Jean. Olea fue Secretaria ante la Cámara de Casación Penal, donde trabajaba con Eduardo Riggi, denunciado por en 2007 por un grupo de 61 querellantes víctimas de la represión. Renunció en febrero de 2013 por “la prohibición de defender a su padre, el Gral. Braulio Olea, injustamente acusado de violaciones a los Derechos Humanos”, informó la Asociación que ahora patrocina. El general Olea fue condenado a 25 años de prisión por su rol en el centro clandestino de detención La Escuelita.
El otro abogado participante es hijo de Ibérico Saint Jean, que comandó la represión en la provincia de Buenos Aires y, como citó ED, es recordado por una repudiable frase: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.
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