Las presiones se concentran en la Cámara de Casación, que debe decidir la competencia de la causa que tramita en Dolores. Carrió apunta contra Slokar. En el Consejo demoran definiciones.
La batalla sorda por desplazar al juez Alejo Ramos Padilla de la investigación por asociación ilícita cuya cabeza saliente es el falso abogado Marcelo D’Alessio está en su punto más caliente. No lo parece, porque se habla poco en superficie. Pero se están cociendo operaciones en todos los frentes, incluso en el Consejo de la Magistratura, donde la salida sorpresiva del ahora oficialista Miguel Ángel Pichetto insinuó falsamente cierto alivio en la persecución contra el juez de Dolores.
El gobierno quiere a Ramos Padilla afuera de la investigación. Y focalizó la ofensiva más importante en la Cámara Federal de Casación Penal.
Allí salió a jugar la diputada Elisa Carrió. Hasta ahora se había mantenido ajena a los cascotazos que sobrevolaban su figura. Pero en los últimos días decidió asumirse como imputada y utilizó una notificación de Ramos Padilla atribuyéndole justamente ese rol para una jugada arriesgada: modificar artificialmente la conformación del tribunal que debe decidir sobre la cuestión de competencia, es decir si la causa se queda en Dolores o aterriza en Comodoro Py.
¿Cómo lo hizo? Desempolvó un viejo pedido de juicio político de 2016, que está a punto de ser archivado por el paso del tiempo, contra el camarista de Casación Alejandro Slokar. Si un pedido de juicio político no se define en tres años, automáticamente es desestimado. El próximo 3 de agosto, el expediente será archivado.
El objetivo de Carrió no es destituir a Slokar: el Código Procesal restringe la posibilidad de un juez de intervenir en una causa en la que esté involucrada una parte que antes del inicio del expediente lo hubiera denunciado. Carrió se valió de eso para pedir la salida de Slokar y la alteración de la formación natural del tribunal que debe resolver adónde seguirá investigándose a D’Alessio y los demás imputados, entre ellos el fiscal Carlos Stornelli. En el oficialismo suponen que Slokar votará para que la causa siga en Dolores y por eso lo quieren correr.
El fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, y el propio Stornelli, a través de su abogado, Roberto Ribas, insisten en que la causa pase a Comodoro Py. Hasta ahora lo hacían en una compartida soledad de a dos, pero, desde que el incidente de incompetencia llegó al máximo tribunal penal, se sumaron al planteo el propio D’Alessio, el abogado Rodrigo González –indagado y a la espera de que se resuelva su situación procesal– y el financista arrepentido Leonardo Fariña. Ellos también quieren que la causa vaya territorio de Retiro. Aunque para ello haya que tirar a un juez por la ventana.
En simultáneo, se activó un impostado mecanismo de distracción en el Consejo de la Magistratura.
El magistrado de Dolores eligió a su padre, el juez Juan María Ramos Padilla, para que lo defienda. Su primera acción fue recusar al senador Pichetto y al representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques. Este último está a un paso de ser el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. El cuestionamiento no es contra la persona sino contra el cargo: Ramos Padilla fue denunciado por el gobierno; no puede un representante del propio gobierno votar por su suspensión y envío a juicio político. Sería, en ese caso, juez y parte. El Consejo (y el propio Mahiques) aún no resolvieron cómo sortearán ese obstáculo.
La renuncia de Pichetto, en tanto, de ningún modo despeja el acecho contra Ramos Padilla. El candidato a vice de Mauricio Macri dejará su lugar al senador chubutense Juan Mario Pais. En agosto de 2017, Pichetto y el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, demoraron la asunción de Pais como consejero para facilitar una mayoría artificial que permitió suspender y luego destituir al camarista Eduardo Freiler. Macri llamó personalmente a la presidenta del Consejo, la abogada Adriana Donato –quien no quería votar en esas condiciones– para que aceptara que lo voltearan a Freiler. Mientras eso pasaba, Pais y Pichetto paseaban por los despachos del Palacio de Tribunales.
Para suspender a un juez hacen falta los votos de dos tercios de los presentes en un plenario. Las ausencias, también, contribuyen a facilitar las mayorías calificadas
