Según las estimaciones propias del oficialismo se resignaron unos 1.000 millones de pesos con las modificaciones introducidas por la oposición. En una larga jornada que implicó una triple instancia, con morigeraciones en los aumentos, el gobierno logró la sanción de la ley define buena parte de su financiamiento y los pagos de los contribuyentes.
El gobernador Axel Kicillof tuvo que ceder ante la presión opositora que se hizo infranqueable en el Senado, pero la oposición tuvo que resignar algo de su reclamo para no perder todo lo que el oficialismo había resignado.
En una jornada que comenzó por la Cámara de Diputados donde se aprobó por primera vez el proyecto para luego ser girado al Senado, donde se lo aprobó con modificaciones, por lo que tuvo que volver a la Cámara de origen para ser sancionado.
Según las estimaciones propias del oficialismo se resignaron unos 1.000 millones de pesos con las modificaciones introducidas, pero la oposición no termina de aceptar esa cifra.
De todas formas, la negociación final que se desplegó en el Senado incluyó elevar valuación fiscal para el tope del aumento del 75% en el Inmobiliario Urbano de $1.300.000 a $1.700.000; disminuir en un 50 % la “sobretasa” el importe que se cobrará por tonelada; se dejó sin efecto los aumentos dispuestos en Ingresos Brutos a la Alícuotas a profesionales, vuelven al 3,5%, y a Operadores de cable por suscripción, vuelve al 2%; y las bonificaciones por pago anticipado del inmobiliario paso del 25% al 35%.
“Nuestro empeño tiene que estar puesto en beneficio de los que menos tienen, tenemos que sostener derecho no privilegios”, dijo Gervasio Bozzano, el presidente de la bancada del FdT, cuando cerró el debate en la Cámara alta.
Ante desde la oposición, el jefe del bloque de JpC, Roberto Costa, había aclarado que si trataba de “una ley del gobernador ni de nosotros sino de una norma para beneficio de los bonaerenses”.
Desde un primer momento el gobierno entendió que debía dejar en claro que la iniciativa era indispensable para atender las urgencias y prioridades definidas a través de las leyes de Emergencias recientemente sancionadas el flamante gobierno entendió necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial.
Pero al mismo tiempo, según se informó, se consideró oportuno y fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios.
Con esta lógica, en el proyecto de Ley Impositiva 2020 se propone, según se esmeraron para explicar desde el gobierno provincial, actualizar los valores de los impuestos del año pasado tomando en cuenta la inflación de 2019, estimada por privados en 54,6%. Algo que la oposición aceptó con objeciones y reconoció en parte.
Uno de los focos del debate, disenso y acuerdo, fue el replanteo del impuesto a los Ingresos Brutos, donde se avanzó en establecer nuevas alícuota a distintas actividades y rubros, tal como autorizó el Gobierno nacional al suspender la aplicación del Consenso Fiscal, aunque la oposición morigeró sustancialmente la intención primera del gobernador.
Otro eje de negociación fue la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, donde el gobierno entiende que la actualización está por debajo de la tasa de inflación, aunque se destacan subas del 75 % para los mayores contribuyentes.
La oposición logró que este incremento máximo del IU alcance a un universo menos del 46 % de partidas que consideraba el proyecto original, sobre un total de 4,4 millones de partidas, aunque no se logró precisar la disminución, en el mismo sentido.
Pero además se incorporó un “criterio progresivo”, muy subrayado por los dichos de los funcionarios y aceptado por los opositores: las propiedades de menor valuación fiscal pagarán un incremento menor a la inflación proyectada, aquellos más chicos, estimado en un 13 % de las partidas, tendrán un incremento del impuesto de tan solo el 15% respecto al año pasado.
La discusión también se instaló en “la segmentación” de los propietarios Rurales y también Urbanos, según el tamaño y valor de sus propiedades, donde el gobierno se esmeró en garantizar que el impuesto sea, en términos reales, menor al del año pasado para quienes cuentan con una menor capacidad contributiva.
Por último, fuentes oficiales detallaron que este proyecto de Ley que dota de una mayor progresividad al sistema tributario se suma a la amplia moratoria y a las medidas de estímulo aprobadas en la Ley de Emergencia Económica, de pronta implementación.
